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El mantenimiento de los caminos rurales es un problema de difícil solución, en muchos casos un drama que altera la vida de la población y enerva el ánimo de los productores y trabajadores del campo. Pero en un municipio bonaerense parecen estar por encontrar una salida interesante.
Según el proyecto, los interesados deberán presentar su solicitud ante las oficinas técnicas competentes y acompañar un acuerdo escrito sobre la distribución de los pagos. Luego de cumplir los requisitos, la empresa contratista deberá publicar un edicto informando las condiciones de la obra y abrirse un registro de oposición durante diez días hábiles, para que los vecinos que no estén de acuerdo puedan presentar sus objeciones, las cuales serán resueltas por la autoridad administrativa correspondiente.
Una vez aprobada la factibilidad, los vecinos y la empresa podrán suscribir los contratos individuales y generales, con la autenticación municipal y siguiendo el modelo establecido por la Dirección de Vialidad Rural. El Ejecutivo local, mediante decreto, declarará la utilidad pública y el carácter de pago obligatorio de la obra, además de autorizar su ejecución. La empresa deberá presentar un plan de trabajo dentro de los diez días de dicha autorización, que marcará el inicio formal de los plazos de construcción.
El proyecto también prevé la creación de un Registro de Contratistas de Obras bajo la modalidad “Vecino–Empresa”, en el que deberán inscribirse las empresas interesadas para poder participar. El incumplimiento técnico o la mala ejecución de las obras será causal de exclusión del registro. Asimismo, se establece que las obras solo podrán iniciarse una vez que los vecinos hayan abonado al menos el 50% del costo total, y en caso de pagos anticipados, las empresas deberán presentar garantías bancarias o seguros de caución que aseguren el reintegro en caso de incumplimiento.
Por último, la iniciativa contempla que el Municipio podrá recaudar los aportes vecinales y transferirlos a la empresa o administrarlos según lo acordado. También faculta al Departamento Ejecutivo a eximir hasta el 100% de la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural a los propietarios que participen económicamente en las mejoras, siempre que se demuestre la razonabilidad de la exención y no se vean afectados otros servicios. De este modo, el proyecto busca agilizar las obras rurales mediante un esquema de colaboración público-privada, con control estatal y participación directa de los beneficiarios.
